The New York Times y el Papa Benedicto XVI
Cómo se ve a un estadounidense en el Vaticano
Por William J. Levada Cardenal, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
Tomado prestado de InfoCatòlica (http://infocatolica.com/?t=ic&cod=5974)
En nuestra mezcla de pueblos, lenguas y orígenes, los estadounidenses no se destacan como ejemplos de "alta" cultura. Pero en general nos enorgullecemos por nuestra pasión por la justicia. En el Vaticano, donde actualmente trabajo, mis colegas -en reuniones tanto con otros cardenales como con funcionarios de mi dicasterio- proceden de muy diversos países, continentes y culturas. Mientras escribo hoy esta respuesta (26 de marzo de 2010) he tenido que admitirles que no estoy orgulloso de que el periódico de referencia de los Estados Unidos, The New York Times, no sea un modelo de honestidad.
Digo esto porque hoy el Times trae tanto un extenso artículo de Laurie Goodstein, una prestigiosa columnista, titulado "Advertido sobre el abuso, el Vaticano no fue capaz de dar de baja a un sacerdote”, y un editorial que le acompaña, titulado "El Papa y el escándalo de pedofilia", en el que los editores toman el reportaje de Goodstein, informe preocupante, como base para sus propias acusaciones contra el Papa. Tanto el artículo como el editorial están por debajo de todo nivel razonable de honestidad que los estadounidenses tienen todo el derecho y la expectativa de encontrar en la información de sus principales medios de comunicación.
En su párrafo inicial, Goodstein se basa en lo que ella describe como "archivos recién desenterrados" para denunciar lo que el Vaticano (es decir, el entonces cardenal Ratzinger y su Congregación para la Doctrina de la Fe) no hizo - "Retirar del sacerdocio al P. Murphy”. Noticias de última hora, al parecer. Sólo después de 8 párrafos de noticia rosa Goodstein revela que el P. Murphy, que abusó criminalmente de hasta unos 200 niños sordos, durante el tiempo en que trabajó en una escuela en la Arquidiócesis de Milwaukee desde 1950 hasta 1974, "no sólo nunca fue procesado ni castigado conforme al propio sistema judicial eclesiástico, sino que también logró ser exculpado por la policía y los fiscales, que ignoraron los informes de sus víctimas, según los documentos y entrevistas con las víctimas"
Pero en el párrafo 13, al comentar una declaración del padre Lombardi (el portavoz del Vaticano) respecto a que la ley de la Iglesia no prohíbe a nadie denunciar los casos de abuso a las autoridades civiles, Goodstein escribe: "Él no se plantea por qué que no sucedió así en este caso" ¿Acaso olvida, o que sus editores no leen, lo que escribió en el párrafo 9 sobre que Murphy consiguió "la exculpación de la policía y los fiscales"? Según su propia narración, parece claro que las autoridades penales fueron notificadas, probablemente por las víctimas y sus familias.
El relato de Goodstein avanza y retrocede como si no fuesen algo más más de 20 los años que mediaron entre los informes de los años 60 y 70 a la Arquidiócesis de Milwaukee y a la policía local, y la petición de ayuda hecha por el arzobispo Weakland al Vaticano en 1996. ¿Por qué? Porque el tema del artículo no es el de que parte de La Iglesia y las autoridades civiles no actuaron correctamente en su momento. Yo, por ejemplo, mirando retrospectivamente, coincido con este informe en que el Padre Murphy merecía ser expulsado del estado clerical por su atroz comportamiento criminal, que es lo que normalmente se hubiera concluído en un juicio canónico.
Pero el tema del artículo de Goodstein es atribuir el error de no haber llevado a cabo esa separación al Papa Benedicto XVI, en lugar de las decisiones diocesanas de aquel momento. Utiliza la técnica de repetir los numerosos cargos y acusaciones provenientes de diversas fuentes (no sólo de su propio periódico), y trata de utilizar estos "archivos recién desenterrados" como base para acusar al Papa de clemencia e inacción en este caso y, presumiblemente, en otros.
A mí me parece, en cambio, que con el Papa Benedicto XVI tenemos una gran deuda de gratitud por la introducción de procedimientos que han ayudado a la Iglesia a tomar medidas para afrontar el escándalo del abuso sexual de menores por sacerdotes. Estos esfuerzos se iniciaron cuando el Papa fue Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y continuaron después de ser elegido Papa. Que el Times haya publicado una serie de artículos en los que ignora la importante contribución que ha hecho - especialmente en el desarrollo y aplicación de Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), el Motu proprio establecido por el Papa Juan Pablo II en 2001-, me parece que justifica la acusación de falta de la honestidad que debe ser el sello distintivo de cualquier periódico de renombre.
Déjenme decirles lo que opino que una lectura imparcial del caso Milwaukee parece indicar. Las razones por las que autoridades eclesiásticas y civiles no tomaron ninguna medida en los años 60 y 70, aparentemente, no figura en estos "archivos recién aparecidos". Tampoco el Times parece estar interesado en saber por qué. Pero lo que se muestra es lo siguiente: después de casi 20 años como arzobispo, Weakland escribió a la Congregación pidiendo ayuda para hacer frente a este terrible caso de abusos en serie. La Congregación aprobó su decisión de emprender un proceso canónico, ya que el caso se refería a solicitud en la confesión -uno de los delicta graviora (delitos más graves) respecto a los cuales la Congregación tenía la responsabilidad de investigar y tomar las medidas oportunas.
Sólo cuando se supo que Murphy se estaba muriendo, la Congregación sugirió a Weakland que el juicio canónico fuese suspendido, ya que conllevaría un largo proceso tomar declaración a un número considerable de víctimas sordas, de décadas anteriores, así como del sacerdote acusado. No obstante, propuso medidas para garantizar que fuesen aplicadas las restricciones adecuadas sobre su ministerio. Goodstein infiere que esta acción implica "clemencia" hacia un sacerdote culpable de crímenes atroces. Mi interpretación sería que la Congregación se dio cuenta de que el complicado proceso canónico complejo sería inútil si el sacerdote se estaba muriendo. De hecho, he recibido recientemente una carta no solicitada del vicario judicial que fue el presidente del tribunal en el juicio canónico que me dice que nunca recibió ninguna comunicación sobre la suspensión del juicio, y no habría estado de acuerdo con ella. Pero el padre Murphy había muerto en el ínterin. Como creyente, no tengo ninguna duda de que Murphy se enfrentará a Aquél que juzga a los vivos y a los muertos.
Goodstein también se refiere a lo que ella llama "otras acusaciones" sobre la reasignación en la Archidiócesis de Munich de un sacerdote que había abusado previamente de un menor en otra diócesis. Sin embargo, la Archidiócesis ha explicado repetidas veces que el Vicario General responsable Mons. Gruber, admitió su error en asignarle esa tarea. Es anacrónico que Goodstein y el Times den a entender que el conocimiento sobre el abuso sexual que tenemos en 2010 debería haber sido intuido de algún modo por quienes ejercían la autoridad en 1980. No es difícil para mí pensar que el profesor Ratzinger, nombrado arzobispo de Munich en 1977, habría hecho lo que que la mayoría de los nuevos obispos hacen: permitir que aquellos que ya ocupan un puesto en una administración de 400 o 500 personas hagan las tareas que tienen atribuídas.
Cuando miro hacia atrás en mi propia historia personal como sacerdote y obispo, puedo decir que en 1980 nunca había oído hablar de ninguna acusación de abuso sexual por un sacerdote. Sólo en 1985, como obispo auxiliar que asistía a una reunión de la Conferencia de nuestros obispos de EE.UU en la que se presentaron algunos datos sobre este tema, fue cuando me di cuenta de algunas de estas cuestiones. En 1986, cuando fui nombrado Arzobispo de Portland, comencé a conocerr personalmente acusaciones por el delito de abuso sexual, y aunque mi "curva de aprendizaje" fue rápida, también estaba limitada a los casos particulares que me tocaron.
He aquí algunas cosas que he aprendido desde entonces: muchos niños víctimas son reacios a denunciar incidentes de abuso sexual por sacerdotes; cuando lo afrontan como adultos, la causa más frecuente que dan no es pedir el castigo del sacerdote, sino que el obispo y el responsable de personal conozcan el caso, para que otros niños se puedan ahorrar el trauma que ellos han experimentado.
Al tratar con sacerdotes, me di cuenta de que muchos sacerdotes, cuando se enfrentan a acusaciones del pasado, admitían de manera espontánea su culpabilidad. Pero también encontré que no es infrecuente la negación. Me di cuenta de que incluso los programas de tratamiento residencial no habían logrado romper esa negativa en algunos casos. Incluso terapeutas profesionales no habían llegado a un diagnóstico seguro en algunos de estos casos; a menudo sus recomendaciones eran demasiado vagas para ser útiles. Por otro lado, los terapeutas han sido de gran ayuda a las víctimas para tratar los efectos a largo plazo de los abusos sufridos en la infancia. Tanto en Portland como en San Francisco, donde tuve que enfrentarme a problemas de abuso sexual, las diócesis siempre proveen fondos disponibles (a menudo a través de la cobertura del seguro diocesano) para la terapia de las víctimas de abuso sexual.
Desde el punto de vista de los procedimientos eclesiásticos, la explosión de la cuestión de los abusos sexuales en Estados Unidos llevó a la adopción, en una reunión de la Conferencia Episcopal en Dallas en 2002, de una "Carta para la Protección de Menores contra el Abuso Sexual”. Esta Carta establece directrices uniformes sobre las denuncias de de abuso sexual, sobre las estructuras de rendición de cuentas (comisiones que incluyen a miembros del clero, religiosos y laicos, también a expertos), informes a un Consejo nacional, y programas de educación para las parroquias y escuelas, para la sensibilización y la prevención de los abusos sexuales a menores. Programas similares han sido adoptadas por las autoridades de la Iglesia en varios otros países: uno de las primeras fue adoptada por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales en respuesta al Informe Nolan, realizado por una comisión de alto nivel de expertos independientes en 2001.
Fue sólo en 2001, con la publicación por el Papa Juan Pablo II del Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), cuando la competencia para orientar la respuesta de la Iglesia Católica sobre el problema del abuso sexual de menores por parte de clérigos fue atribuída a la Congregación para la Doctrina de la fe. Este documento papal fue preparado para el Papa Juan Pablo II, bajo la dirección del Cardenal Ratzinger como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En contra de lo dicho por algunas informaciones de los medios de comunicaciòn, SST no eliminó la obligación del obispo local de actuar en casos de denuncias de abuso sexual de menores por parte de clérigos. Tampoco se trataba, como algunos han elucubrado, de parte de una conspiración desde lo alto para interferir en la jurisdicción civil en estos casos. Por el contrario, la SST obliga a los obispos a informar de las acusaciones creíbles de abusos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que puede prestar un servicio a los obispos para asegurar que los casos se traten adecuadamente, de acuerdo con la ley eclesiástica vigente.
Éstos son algunos de los avances realizados por esta nueva legislación de la Iglesia (SST): Ha permitido una racionalización del procedimiento administrativo por el que se llega a una sentencia, reservando así el proceso más formal del juicio canónico para los casos más complejos. Esto ha sido una ventaja sobre todo en las diócesis misioneras y pequeñas que no cuentan con un buen grupo de canonistas bien preparados. Se prevé erigir tribunales interdiocesanos para ayudar a las diócesis pequeñas. La Congregación tiene facultades que le permiten hacer una excepción en el plazo de prescripción de un delito (estatuto de limitaciones) a fin de permitir que se haga justicia incluso en los casos “históricos”. Por otra parte, la SST ha modificado la ley canónica en casos de abuso sexual al ajustar la edad del menor de 18 para que corresponda con la ley civil en muchos países. Proporciona un punto de referencia para que los obispos y superiores religiosos tengan un asesoramiento uniforme sobre cómo tratar los casos de los sacerdotes. Tal vez lo más importante, ha calificado a los casos de abuso sexual de menores por clérigos como delicta graviora: los delitos más graves, como los crímenes contra los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, asignados por siempre a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto en sí mismo pone de manifiesto la seriedad con que la Iglesia de hoy asume su responsabilidad de ayudar a los obispos y superiores religiosos para evitar que estos crímenes se repitan en el futuro, y para castigarlos cuando se producen. Esto es un legado del Papa Benedicto XVI que facilita enormemente la labor de la Congregación, que ahora tengo el privilegio de dirigir, en beneficio de toda la Iglesia.
Después de la Carta de Dallas de 2002, fui nombrado (en aquel momento era arzobispo de San Francisco) parte de un equipo de cuatro obispos encargados de procurar la aprobación por la Santa Sede de las "Normas Esenciales" que los Obispos de América desarrollaron para permitirnos hacer frente las cuestiones sobre abusos. Debido a que estas normas interferían con el derecho canónico vigente, requerían la aprobación antes de ser aplicadas como ley particular para nuestro país. Bajo la presidencia del cardenal Francis George, arzobispo de Chicago y actualmente Presidente de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, nuestro equipo trabajó con expertos en derecho canónico del Vaticano en varias reuniones. Encontramos en el cardenal Ratzinger, y en los expertos que él designó para reunirse con nosotros, una profunda comprensión de los problemas que enfrentabamos como obispos americanos. En gran medida gracias a su orientación pudimos llevar nuestro trabajo hasta una satisfactoria conclusión.
El editorial del Times se pregunta "cómo los funcionarios del Vaticano no aprendieron las lecciones del escándalo terrible de los Estados Unidos, donde más de 700 sacerdotes fueron despedidos en un periodo de tres años." Puedo asegurar al Times que el Vaticano, en realidad, no ignoró entonces ni ignora ahora estas lecciones. Pero el editorial del Times sigue mostrando la tendencia de siempre: "Leemos el preocupante reportaje de Laurie Goodstein. . . acerca de cómo el Papa, cuando todavía era cardenal, fue personalmente advertido sobre un sacerdote... Pero los responsables eclesiales optaron por proteger a la iglesia en vez de a los niños. El informe aclara el tipo de conducta que la iglesia estaba dispuesta a excusar para evitar el escándalo”. Disculpenme, editores. Incluso el artículo de Goodstein, basado en los "archivos recién desenterrados”, pone las palabras sobre proteger a la Iglesia del escándalo en los labios del arzobispo Weakland, no del Papa. Es precisamente este tipo de confusión anacrónica la que creo que merece mi acusación de que el Times, forzando un veredicto de culpabilidad, carece de honestidad en la información sobre el Papa Benedicto.
Como miembro a tiempo completo de la Curia romana, la estructura de gobierno que lleva a cabo las tareas de la Santa Sede, no tengo tiempo para tratar con el Times artículos casi diarios de Rachel Donadio y otros, mucho menos lo de Maureen Dowd repitiendo tontamente lo del "inquietante informe de Goodstein." Pero respecto a un hombre con y para quien tengo el privilegio de trabajar, y de quien soy “sucesor” como Prefecto, un Papa cuyas encíclicas sobre el amor y la esperanza y las virtudes económicas nos han sorprendido y hecho pensar tanto, cuyas catequesis semanales y homilías de Semana Santa nos inspiran, y sí, cuyo trabajo activo para ayudar a la Iglesia a hacer frente con eficacia al abuso sexual de menores sigue siéndonos útil hoy en día, yo pido a The Times que reconsidere su modo de atacar al Papa Benedicto XVI y dé al mundo la visión más equilibrada de un líder con el que se puede y debe contar.
Por William J. Levada Cardenal, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe
Tomado prestado de InfoCatòlica (http://infocatolica.com/?t=ic&cod=5974)
En nuestra mezcla de pueblos, lenguas y orígenes, los estadounidenses no se destacan como ejemplos de "alta" cultura. Pero en general nos enorgullecemos por nuestra pasión por la justicia. En el Vaticano, donde actualmente trabajo, mis colegas -en reuniones tanto con otros cardenales como con funcionarios de mi dicasterio- proceden de muy diversos países, continentes y culturas. Mientras escribo hoy esta respuesta (26 de marzo de 2010) he tenido que admitirles que no estoy orgulloso de que el periódico de referencia de los Estados Unidos, The New York Times, no sea un modelo de honestidad.
Digo esto porque hoy el Times trae tanto un extenso artículo de Laurie Goodstein, una prestigiosa columnista, titulado "Advertido sobre el abuso, el Vaticano no fue capaz de dar de baja a un sacerdote”, y un editorial que le acompaña, titulado "El Papa y el escándalo de pedofilia", en el que los editores toman el reportaje de Goodstein, informe preocupante, como base para sus propias acusaciones contra el Papa. Tanto el artículo como el editorial están por debajo de todo nivel razonable de honestidad que los estadounidenses tienen todo el derecho y la expectativa de encontrar en la información de sus principales medios de comunicación.
En su párrafo inicial, Goodstein se basa en lo que ella describe como "archivos recién desenterrados" para denunciar lo que el Vaticano (es decir, el entonces cardenal Ratzinger y su Congregación para la Doctrina de la Fe) no hizo - "Retirar del sacerdocio al P. Murphy”. Noticias de última hora, al parecer. Sólo después de 8 párrafos de noticia rosa Goodstein revela que el P. Murphy, que abusó criminalmente de hasta unos 200 niños sordos, durante el tiempo en que trabajó en una escuela en la Arquidiócesis de Milwaukee desde 1950 hasta 1974, "no sólo nunca fue procesado ni castigado conforme al propio sistema judicial eclesiástico, sino que también logró ser exculpado por la policía y los fiscales, que ignoraron los informes de sus víctimas, según los documentos y entrevistas con las víctimas"
Pero en el párrafo 13, al comentar una declaración del padre Lombardi (el portavoz del Vaticano) respecto a que la ley de la Iglesia no prohíbe a nadie denunciar los casos de abuso a las autoridades civiles, Goodstein escribe: "Él no se plantea por qué que no sucedió así en este caso" ¿Acaso olvida, o que sus editores no leen, lo que escribió en el párrafo 9 sobre que Murphy consiguió "la exculpación de la policía y los fiscales"? Según su propia narración, parece claro que las autoridades penales fueron notificadas, probablemente por las víctimas y sus familias.
El relato de Goodstein avanza y retrocede como si no fuesen algo más más de 20 los años que mediaron entre los informes de los años 60 y 70 a la Arquidiócesis de Milwaukee y a la policía local, y la petición de ayuda hecha por el arzobispo Weakland al Vaticano en 1996. ¿Por qué? Porque el tema del artículo no es el de que parte de La Iglesia y las autoridades civiles no actuaron correctamente en su momento. Yo, por ejemplo, mirando retrospectivamente, coincido con este informe en que el Padre Murphy merecía ser expulsado del estado clerical por su atroz comportamiento criminal, que es lo que normalmente se hubiera concluído en un juicio canónico.
Pero el tema del artículo de Goodstein es atribuir el error de no haber llevado a cabo esa separación al Papa Benedicto XVI, en lugar de las decisiones diocesanas de aquel momento. Utiliza la técnica de repetir los numerosos cargos y acusaciones provenientes de diversas fuentes (no sólo de su propio periódico), y trata de utilizar estos "archivos recién desenterrados" como base para acusar al Papa de clemencia e inacción en este caso y, presumiblemente, en otros.
A mí me parece, en cambio, que con el Papa Benedicto XVI tenemos una gran deuda de gratitud por la introducción de procedimientos que han ayudado a la Iglesia a tomar medidas para afrontar el escándalo del abuso sexual de menores por sacerdotes. Estos esfuerzos se iniciaron cuando el Papa fue Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y continuaron después de ser elegido Papa. Que el Times haya publicado una serie de artículos en los que ignora la importante contribución que ha hecho - especialmente en el desarrollo y aplicación de Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), el Motu proprio establecido por el Papa Juan Pablo II en 2001-, me parece que justifica la acusación de falta de la honestidad que debe ser el sello distintivo de cualquier periódico de renombre.
Déjenme decirles lo que opino que una lectura imparcial del caso Milwaukee parece indicar. Las razones por las que autoridades eclesiásticas y civiles no tomaron ninguna medida en los años 60 y 70, aparentemente, no figura en estos "archivos recién aparecidos". Tampoco el Times parece estar interesado en saber por qué. Pero lo que se muestra es lo siguiente: después de casi 20 años como arzobispo, Weakland escribió a la Congregación pidiendo ayuda para hacer frente a este terrible caso de abusos en serie. La Congregación aprobó su decisión de emprender un proceso canónico, ya que el caso se refería a solicitud en la confesión -uno de los delicta graviora (delitos más graves) respecto a los cuales la Congregación tenía la responsabilidad de investigar y tomar las medidas oportunas.
Sólo cuando se supo que Murphy se estaba muriendo, la Congregación sugirió a Weakland que el juicio canónico fuese suspendido, ya que conllevaría un largo proceso tomar declaración a un número considerable de víctimas sordas, de décadas anteriores, así como del sacerdote acusado. No obstante, propuso medidas para garantizar que fuesen aplicadas las restricciones adecuadas sobre su ministerio. Goodstein infiere que esta acción implica "clemencia" hacia un sacerdote culpable de crímenes atroces. Mi interpretación sería que la Congregación se dio cuenta de que el complicado proceso canónico complejo sería inútil si el sacerdote se estaba muriendo. De hecho, he recibido recientemente una carta no solicitada del vicario judicial que fue el presidente del tribunal en el juicio canónico que me dice que nunca recibió ninguna comunicación sobre la suspensión del juicio, y no habría estado de acuerdo con ella. Pero el padre Murphy había muerto en el ínterin. Como creyente, no tengo ninguna duda de que Murphy se enfrentará a Aquél que juzga a los vivos y a los muertos.
Goodstein también se refiere a lo que ella llama "otras acusaciones" sobre la reasignación en la Archidiócesis de Munich de un sacerdote que había abusado previamente de un menor en otra diócesis. Sin embargo, la Archidiócesis ha explicado repetidas veces que el Vicario General responsable Mons. Gruber, admitió su error en asignarle esa tarea. Es anacrónico que Goodstein y el Times den a entender que el conocimiento sobre el abuso sexual que tenemos en 2010 debería haber sido intuido de algún modo por quienes ejercían la autoridad en 1980. No es difícil para mí pensar que el profesor Ratzinger, nombrado arzobispo de Munich en 1977, habría hecho lo que que la mayoría de los nuevos obispos hacen: permitir que aquellos que ya ocupan un puesto en una administración de 400 o 500 personas hagan las tareas que tienen atribuídas.
Cuando miro hacia atrás en mi propia historia personal como sacerdote y obispo, puedo decir que en 1980 nunca había oído hablar de ninguna acusación de abuso sexual por un sacerdote. Sólo en 1985, como obispo auxiliar que asistía a una reunión de la Conferencia de nuestros obispos de EE.UU en la que se presentaron algunos datos sobre este tema, fue cuando me di cuenta de algunas de estas cuestiones. En 1986, cuando fui nombrado Arzobispo de Portland, comencé a conocerr personalmente acusaciones por el delito de abuso sexual, y aunque mi "curva de aprendizaje" fue rápida, también estaba limitada a los casos particulares que me tocaron.
He aquí algunas cosas que he aprendido desde entonces: muchos niños víctimas son reacios a denunciar incidentes de abuso sexual por sacerdotes; cuando lo afrontan como adultos, la causa más frecuente que dan no es pedir el castigo del sacerdote, sino que el obispo y el responsable de personal conozcan el caso, para que otros niños se puedan ahorrar el trauma que ellos han experimentado.
Al tratar con sacerdotes, me di cuenta de que muchos sacerdotes, cuando se enfrentan a acusaciones del pasado, admitían de manera espontánea su culpabilidad. Pero también encontré que no es infrecuente la negación. Me di cuenta de que incluso los programas de tratamiento residencial no habían logrado romper esa negativa en algunos casos. Incluso terapeutas profesionales no habían llegado a un diagnóstico seguro en algunos de estos casos; a menudo sus recomendaciones eran demasiado vagas para ser útiles. Por otro lado, los terapeutas han sido de gran ayuda a las víctimas para tratar los efectos a largo plazo de los abusos sufridos en la infancia. Tanto en Portland como en San Francisco, donde tuve que enfrentarme a problemas de abuso sexual, las diócesis siempre proveen fondos disponibles (a menudo a través de la cobertura del seguro diocesano) para la terapia de las víctimas de abuso sexual.
Desde el punto de vista de los procedimientos eclesiásticos, la explosión de la cuestión de los abusos sexuales en Estados Unidos llevó a la adopción, en una reunión de la Conferencia Episcopal en Dallas en 2002, de una "Carta para la Protección de Menores contra el Abuso Sexual”. Esta Carta establece directrices uniformes sobre las denuncias de de abuso sexual, sobre las estructuras de rendición de cuentas (comisiones que incluyen a miembros del clero, religiosos y laicos, también a expertos), informes a un Consejo nacional, y programas de educación para las parroquias y escuelas, para la sensibilización y la prevención de los abusos sexuales a menores. Programas similares han sido adoptadas por las autoridades de la Iglesia en varios otros países: uno de las primeras fue adoptada por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales en respuesta al Informe Nolan, realizado por una comisión de alto nivel de expertos independientes en 2001.
Fue sólo en 2001, con la publicación por el Papa Juan Pablo II del Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), cuando la competencia para orientar la respuesta de la Iglesia Católica sobre el problema del abuso sexual de menores por parte de clérigos fue atribuída a la Congregación para la Doctrina de la fe. Este documento papal fue preparado para el Papa Juan Pablo II, bajo la dirección del Cardenal Ratzinger como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En contra de lo dicho por algunas informaciones de los medios de comunicaciòn, SST no eliminó la obligación del obispo local de actuar en casos de denuncias de abuso sexual de menores por parte de clérigos. Tampoco se trataba, como algunos han elucubrado, de parte de una conspiración desde lo alto para interferir en la jurisdicción civil en estos casos. Por el contrario, la SST obliga a los obispos a informar de las acusaciones creíbles de abusos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que puede prestar un servicio a los obispos para asegurar que los casos se traten adecuadamente, de acuerdo con la ley eclesiástica vigente.
Éstos son algunos de los avances realizados por esta nueva legislación de la Iglesia (SST): Ha permitido una racionalización del procedimiento administrativo por el que se llega a una sentencia, reservando así el proceso más formal del juicio canónico para los casos más complejos. Esto ha sido una ventaja sobre todo en las diócesis misioneras y pequeñas que no cuentan con un buen grupo de canonistas bien preparados. Se prevé erigir tribunales interdiocesanos para ayudar a las diócesis pequeñas. La Congregación tiene facultades que le permiten hacer una excepción en el plazo de prescripción de un delito (estatuto de limitaciones) a fin de permitir que se haga justicia incluso en los casos “históricos”. Por otra parte, la SST ha modificado la ley canónica en casos de abuso sexual al ajustar la edad del menor de 18 para que corresponda con la ley civil en muchos países. Proporciona un punto de referencia para que los obispos y superiores religiosos tengan un asesoramiento uniforme sobre cómo tratar los casos de los sacerdotes. Tal vez lo más importante, ha calificado a los casos de abuso sexual de menores por clérigos como delicta graviora: los delitos más graves, como los crímenes contra los sacramentos de la Eucaristía y la Penitencia, asignados por siempre a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto en sí mismo pone de manifiesto la seriedad con que la Iglesia de hoy asume su responsabilidad de ayudar a los obispos y superiores religiosos para evitar que estos crímenes se repitan en el futuro, y para castigarlos cuando se producen. Esto es un legado del Papa Benedicto XVI que facilita enormemente la labor de la Congregación, que ahora tengo el privilegio de dirigir, en beneficio de toda la Iglesia.
Después de la Carta de Dallas de 2002, fui nombrado (en aquel momento era arzobispo de San Francisco) parte de un equipo de cuatro obispos encargados de procurar la aprobación por la Santa Sede de las "Normas Esenciales" que los Obispos de América desarrollaron para permitirnos hacer frente las cuestiones sobre abusos. Debido a que estas normas interferían con el derecho canónico vigente, requerían la aprobación antes de ser aplicadas como ley particular para nuestro país. Bajo la presidencia del cardenal Francis George, arzobispo de Chicago y actualmente Presidente de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, nuestro equipo trabajó con expertos en derecho canónico del Vaticano en varias reuniones. Encontramos en el cardenal Ratzinger, y en los expertos que él designó para reunirse con nosotros, una profunda comprensión de los problemas que enfrentabamos como obispos americanos. En gran medida gracias a su orientación pudimos llevar nuestro trabajo hasta una satisfactoria conclusión.
El editorial del Times se pregunta "cómo los funcionarios del Vaticano no aprendieron las lecciones del escándalo terrible de los Estados Unidos, donde más de 700 sacerdotes fueron despedidos en un periodo de tres años." Puedo asegurar al Times que el Vaticano, en realidad, no ignoró entonces ni ignora ahora estas lecciones. Pero el editorial del Times sigue mostrando la tendencia de siempre: "Leemos el preocupante reportaje de Laurie Goodstein. . . acerca de cómo el Papa, cuando todavía era cardenal, fue personalmente advertido sobre un sacerdote... Pero los responsables eclesiales optaron por proteger a la iglesia en vez de a los niños. El informe aclara el tipo de conducta que la iglesia estaba dispuesta a excusar para evitar el escándalo”. Disculpenme, editores. Incluso el artículo de Goodstein, basado en los "archivos recién desenterrados”, pone las palabras sobre proteger a la Iglesia del escándalo en los labios del arzobispo Weakland, no del Papa. Es precisamente este tipo de confusión anacrónica la que creo que merece mi acusación de que el Times, forzando un veredicto de culpabilidad, carece de honestidad en la información sobre el Papa Benedicto.
Como miembro a tiempo completo de la Curia romana, la estructura de gobierno que lleva a cabo las tareas de la Santa Sede, no tengo tiempo para tratar con el Times artículos casi diarios de Rachel Donadio y otros, mucho menos lo de Maureen Dowd repitiendo tontamente lo del "inquietante informe de Goodstein." Pero respecto a un hombre con y para quien tengo el privilegio de trabajar, y de quien soy “sucesor” como Prefecto, un Papa cuyas encíclicas sobre el amor y la esperanza y las virtudes económicas nos han sorprendido y hecho pensar tanto, cuyas catequesis semanales y homilías de Semana Santa nos inspiran, y sí, cuyo trabajo activo para ayudar a la Iglesia a hacer frente con eficacia al abuso sexual de menores sigue siéndonos útil hoy en día, yo pido a The Times que reconsidere su modo de atacar al Papa Benedicto XVI y dé al mundo la visión más equilibrada de un líder con el que se puede y debe contar.
