“Salud Sexual y Reproductiva” - contrabando ideológico
Sociedad civil rechaza contrabando ideológico bajo concepto
de “Salud Sexual y Reproductiva”
Por www.lapop.org
Dieciocho oradores pro vida de todo el país superaron en
proporción de 2 a 1 a organizaciones feministas y pro aborto en una mesa
trabajo referido al Proyecto de Ley 495, iniciativa legal que busca modificar
el Código de la Niñez y Adolescencia introduciendo términos tendenciosos como
“Salud Sexual y Reproductiva”.
La mesa trabajo convocada por la Presidenta de la Comisión
de la Mujer y familia del Congreso del Perú se realizó en la Sala Grau del
Congreso de la República el lunes 20 de mayo. Fue convocada para recoger las
propuestas y sugerencias sobre el término “Salud Sexual y Reproductiva”, que
alude al artículo 27 del mencionado Proyecto de Ley.
“El Congreso ha rechazado media docena de veces proyectos de
ley por estos términos que acarrean intencionalidades ocultas. Además, las cifras con que los sustentan no
son correctas”, afirmó Carlos Polo,
director del Population Research Institute.
Polo demostró que la intención de dar “servicios de salud
sexual y reproductiva” (en la práctica distribución de anticonceptivos) no
tiene asidero en la realidad., puesto que la gran mayoría de adolescentes no
tiene actividad sexual. Citó las estadísticas oficiales del país, demostrando
que:
•Sólo el 17% de los
escolares peruanos han tenido relaciones sexuales, según la Encuesta Global
Escolar 2010.
•La edad mediana de la primera relación sexual en las áreas
urbanas es 19 años, y en las áreas rurales 17.7 años, según ENDES continua
2011.
•La falta de información o conocimiento de métodos
anticonceptivos no es la causa del embarazo adolescente, tal como lo muestra la
encuesta “Estilos de Vida de los
adolescentes peruanos” realizada por la Universidad de Piura.
Asimismo, Walter Brunke, Presidente de la Sociedad de
Amantes del País, calificó el artículo como
inconstitucional y como un pretexto para introducir una ideología.
Además afirmó que “medidas de este tipo no han dado buenos resultados en otros
países” y quitan responsabilidad a los
padres de familias, atentando así contra la Patria Potestad.
En ese sentido, Manuel Quimper, representante de la
Conferencia Episcopal Peruana, señaló que los programas que sí han tenido
eficacia como políticas públicas son los que promueven la abstinencia más que
el reparto de anticonceptivos, que siempre excluyen la responsabilidad de los padres. Esta propuesta fue complementada
por Carmen Meza, del Instituto Interamericano de la Mujer, quien se mostró a favor de una “educación
integral y con presencia de los padres”.
Mayra García de la Asociación Nacional de Médicos Católicos
del Perú, aseveró que “el cerebro adolescente está aún en desarrollo y por lo
tanto no tienen capacidad de discernir responsablemente. La aprobación de este
artículo solo beneficiaría a los distribuidores de anticonceptivos”.
Por su parte, el Arzobispado de Lima consideró que no se
puede intentar evitar el embarazo y la prevención de enfermedades
promoviéndolos, ya que al aprobar los términos señalados se dan todas las
facilidades para que sucedan. Rosa Sánchez, representante de la arquidiócesis
capitalina, destacó que no puede usarse
la terminología “salud sexual y reproductiva” porque no busca tratamientos
paliativos. Del mismo modo, aseguró que
según el artículo 13 de la Constitución, el Estado no puede invadir
esferas íntimas y menos suplantar los
deberes de los padres.
Argumentos débiles
Ningún argumento feminista pudo contrarrestar los fundamentos provida presentados; por lo
contrario dichas instituciones justificaron su posición con frases débiles como
“eliminar barreras culturales” (Rocío Gutiérrez, de la Asociación Civil por el
Derecho a la Salud) o “las niñas pueden decidir” (Pilar Puentes, de Manuela
Ramos).
Otros organismos abortistas dieron su aprobación al artículo
27 justificando la interferencia del Estado en la Patria Potestad en aras de la
privacidad y la confidencial de los adolescentes, así lo señaló Susana Chávez
de PROMSEX. En esa misma línea, el representante de la Defensoría del Pueblo,
Mayra Ramos, señaló como un deber del
Estado garantizar la información a los niños con independencia de los padres.
Posturas totalmente inconstitucionales tal como lo resaltó Brunke,de la
Sociedad de Amantes del País, entre otros.
Al final del evento, uno de los expertos que participó en la
Mesa de Trabajo recibió las impresiones de uno de los principales asesores de
la Comisión de la Mujer. “ya no nos quedan dudas acerca de la conveniencia de
retirar el artículo 27” señaló.
